Las luchas por el reconocimiento de las ciudadanías étnicas: el caso del movimiento indígena en Guerrero

Introducción

La vida de los habitantes de los pueblos indígenas o pueblos originarios en México y específicamente en Guerrero, no ha sido fácil, si revisamos los índices de pobreza, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en el 2018, el 69.5%, de la población indígena, estaba sumida en la pobreza, mientras que el 39% de la población no indígena padecía está realidad. En términos comparados de cada 10 indígenas/originarios que habitan México, 7 son pobres, mientras en la población no indígena, de cada 10 habitantes, cuatro son pobres, además, el 31% de la población indígena adulta tiene rezago educativo; el 78.2% no tiene seguridad social y un 57.5% no dispone de los servicios básicos de vivienda (Padilla, 2020), cómo vemos, los datos son elocuentes en torno a ellos. En este sentido:

En años recientes se ha reconocido que las ideas y las prácticas racistas hacia las personas y los pueblos indígenas han contribuido históricamente a la reproducción de la desigualdad y la exclusión económica y social. Estos fenómenos han tenido efectos concretos en la vida de estos pueblos. Datos sociodemográficos, como el nivel de ingreso y las tasas de analfabetismo y de acceso a bienes y servicios, han dado testimonio de ello a lo largo de los años. (Iturralde; 2020: 1).

Ante esta realidad estructural y estructurante, los pueblos originarios, han buscado el reconocimiento de sus derechos, sea por la vía de la protesta pacífica y discursiva o mediante la violencia, que en algunos casos tuvieron consecuencias violentas, ahí tenemos el caso de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos (Ayotzinapa), desaparecidos por una compleja red integrada por carteles del crimen organizado y autoridades estatales). Estas demandas se han centrado en cuestiones que se consideran esenciales para estos grupos étnicos, relacionadas principalmente al territorio, concebido este como espacio de poder y decisiones. De tal manera que su reclamo tiene un carácter agrario, social y hasta cultural, aunado a ella se encuentra actualmente las exigencias por la autonomía, por el reconocimiento pleno e íntegro de los derechos que les competen, el respeto de los derechos humanos y las organizaciones de familiares buscadoras de sus seres queridos desaparecidos por el crimen organizado.

En este sentido, sus acciones se encuentran ahora centrados en su reconocimiento como sujetos de derechos étnicos propios, una ciudadanía apegada a su cultura y a los usos y costumbres, construida desde abajo, fusionada constantemente al espacio territorial inmediato de convivencia que estos pueblos habitan.

De ahí el interés en discutir las implicaciones que tienen para el desarrollo de un sistema de derechos basado en las diferencias étnicas, junto con el reconocimiento y la redistribución, suman elementos innovadores que permitirían dar paso a una nueva relación entre los pueblos originarios y el Estado mexicano, que se encuentran cada vez más amenazados por la interacción de políticas de desarrollo que expropian sus recursos naturales y estigmatizan a los pueblos originarios al tratarlas como ‘minorías’ no reconocidas en el México contemporáneo.

En este contexto, se propone la tesis siguiente: la lucha por la ciudadanía étnica de los pueblos originarios en Guerrero, implicó generar un conjunto de luchas que van más lejos de la redistribución económica que se realiza a través de la articulación entre las políticas y los derechos sociales, implica una lucha en el plano simbólico, ético y cognitivo, es un desafío por lograr el reconocimiento del otro en términos de sujetos colectivos de derechos étnicos:

Aquí, el objetivo, en su forma más verosímil, es un mundo que acepte la diferencia, en el que la integración en la mayoría o la asimilación de las normas culturales dominantes no sea ya el precio de un respeto igual. Como ejemplos, podemos mencionar las reivindicaciones del reconocimiento de las perspectivas características de las minorías étnicas, “raciales” y sexuales, así como de la diferencia de género. Así pues, en general nos enfrentamos a una nueva constelación. El discurso de la justicia social, centrado en otro momento en la distribución, está ahora cada vez más dividido entre las reivindicaciones de la redistribución, por una parte, y las reivindicaciones del reconocimiento, por otra parte (Fraser, 2003: 17-18).

Los conflictos étnicos (entre otros), se desarrollan debido a la negación de los otros, y su superación sólo será posible si esta negación es reemplazada por una lógica del reconocimiento de las personas que tienen una identidad étnica distinta o bien eliminándola absolutamente mediante la violencia ejercida histórica o desde las lógicas neoliberales al despojarlos de sus derechos colectivos e identitarios (quitándoles el derecho a sus tierras ancestrales, a su idioma, a su cultura). Ante esto, el desarrollo de una ciudadanía étnica, termina por constituirse en una estrategia política del reconocimiento de su identidad cultural y de visualizarlos como sujetos de derechos políticos, civiles, sociales y culturales, esta es una tesis que se puede aplicar a la lucha por los derechos de los pueblos originarios.

Ciudadanías étnicas: generalidades de una asignatura pendiente

El objetivo principal de este ensayo es profundizar en la discusión teórica sobre la ciudadanía étnica, ya que considero un tema relevante en cuanto permite re-abrir el debate, que aún está pendiente en nuestro país, en materia de derechos de los pueblos indígenas, quienes siguen pugnando por la construcción de un país, no solo multicultural o pluricultural, sino también intercultural. No me adentrare a la discusión de estos conceptos, de manera que solamente tratare de aclarar nuestras ideas sobre lo que es la interculturalidad, ya que aún es un concepto en construcción.

En este sentido, la interculturalidad puede ser entendida como la relación armónica entre dos o más culturas, esta armonía no implica de ninguna manera que no existan conflictos o problemas entre las culturas, por el contrario, lo que esta idea propone es abrir el dialogo en igualdad, para poder llegar a acuerdos que den pauta de entablar una relación armoniosa (Borboa-Trasviña, 2006). No obstante, para poder llevar a la práctica este tipo de relación, necesitamos que el reconocimiento de los pueblos indios sea completo, sin trabas o condicionamientos, ya que necesitan ser reconocidos como colectividades que poseen formas propias de organización y reproducción que en la mayoría de los casos no es compatible con el sistema jurídico mexicano.

No se pretende hacer una apología de los derechos de los pueblos indígenas, sino poner algunas piezas que permitan adentrarnos en la discusión de lo que Guillermo de la Peña a llamado puntualmente ciudadanía étnica, reconociendo que el desarrollo del estado-nación en América Latina supuso la negación de las civilizaciones indígenas, quienes pasaron a desempeñarse como minorías étnicas en el seno de sociedades nacionales, cuya misma definición se basa en el intento por clausurar toda existencia social y cultural alternativa. De esta manera, las sociedades multiétnicas de América Latina se configuraron procedimentalmente como estados uni-nacionales que no reconocieron su diversidad étnica interna (Bartolomé, 1998: 180).

La negación de las civilizaciones indígenas no solo implico no reconocerlas y otorgarles derechos que les permitiera existir como entidades jurídicas dentro de un Estado nación que apenas sentaba las bases para su desarrollo, sino también implico la estigmatización de estas civilizaciones como “minorías étnicas” que se resistían a cambiar y que además recibieron la categoría de ‘indio’, encerrando así en un solo termino a la gran diversidad de grupos étnicos que existían en nuestro país y en América Latina. No obstante, esta categoría denigrante, ofensiva y discriminatoria logró con el tiempo ser aceptada entre la población originaria, la cual se terminó por identificar con ella.

Así, en su afán de lograr la unidad nacional y de poder ofrecer una imagen unitaria de la colectividad estatal, genero la construcción de estereotipos más o menos caricaturescos de las supuestas identidades nacionales latinoamericanas. Pero más allá de la arbitrariedad, lo que importa destacar es que ello supone un deliberado intento de imponer un modelo de identificación para el conjunto de la población:

De tal manera que, como todo acto de hegemonía, este proceso excluyo y reprimió a todos aquellos sectores sociales, raciales y culturales que no se parecían al modelo propuesto. Por lo tanto, se define e impone una concepción unitaria de la ciudadanía que desconoce la existencia de lo que Renato Rosaldo ha llamado múltiples “ciudadanías culturales” diferenciadas (Ibid., Bartolomé, 1998: 182).

Esta idea de “ciudadanías culturales” diferenciadas que propone Rosaldo es retomada por Guillermo de la Peña, quien propone hablar de ciudadanías étnicas, concepto que implica la redefinición de la participación social y política donde los indígenas sean interlocutores con el Estado, creen nuevas formas de representación, espacios públicos, donde se propicie el poder de decisión sobre los proyectos que les conciernen (Rojas, 2000: 1).

De esta manera, la ciudadanía étnica, como lo afirma Kymlicka es diferenciada y pone énfasis en la diversidad de valores culturales que se dan en el seno de los grandes Estados de las sociedades desarrolladas en nuestro tiempo. Por tal motivo, y parafraseando a Kymlicka, la ciudadanía étnica permitiría avanzar en las soluciones basadas en el pluralismo y la interculturalidad, lo cual podría evitar el conflicto y la desintegración de los Estados multiculturales (Pérez, 2002: 205).

Si bien, las definiciones ya citadas ayudan a poder aclarar la conceptualización con respecto a la ciudadanía vista desde lo étnico. No obstante, es conveniente definir la ciudadanía desde el punto de vista etimológico, el cual señala que la ciudadanía proviene:

del vocablo latino cives, que designa la posición del individuo en la civitas. La idea romana de ciudadanía hace referencia a un status integrado por un núcleo compacto e indispensable de derechos y deberes que definían la posición de las personas libres en la República. Marco Tulio Cicerón, en su célebre diálogo De república, cifró en dos grandes pilares el fundamento y el nervio de las instituciones republicanas: la libertad y concordia. La libertad consistiría en el desarrollo ordenado de vida social garantizado por el ius civile: la ciudadanía representará, por tanto, la proyección de esa forma de libertad en las situaciones individuales (Pérez, 2002: 183).

De manera que el concepto tiene orígenes ligados de manera inseparable con los derechos y deberes que el individuo adquiere al vivir en sociedad, en este caso en República, convirtiéndose así en un ciudadano, es decir un miembro de la civic. Dicha idea abría de mantenerse hasta llegada las ideas liberales de la Ilustración, tras la cual el concepto de ciudadanía se vería modificado, atribuyéndosele no solo los derechos y deberes de manera general, sino que tomaba ahora la connotación de los derechos a las libertades políticas. En este sentido, el individuo adquiere mediante su status de ciudadano la posibilidad de tener derecho a la participación política dentro del Estado de Derecho.

Ahora bien, una vez aclarado el concepto de ciudadanía, no solo en su noción étnica, sino también en su definición más antigua, es preciso definir lo que es una etnia. La cual, es definida como aquel grupo que se encuentra integrado por personas establecidas históricamente en un territorio determinado que poseen un lenguaje y una cultura común, de manera que reconocen ante otros grupos sus propias peculiaridades y diferencias, y por lo tanto se identifican entre ellos y ante los demás con un nombre propio (Florescano, 1996: 16).

De manera que la ciudadanía étnica es un intento de reconocer lo que durante mucho tiempo quisieron hacer los políticos mexicanos durante todo el siglo XIX, en su ambición por crear una nación compuesta por ciudadanos mexicanos, bajo el supuesto de una igualdad ante la ley que dio pauta a sustentar una política de integración y asimilación cultural de los diversos grupos étnicos que existen en nuestro país. En esta perspectiva es importante entender a la ciudadanía como dispositivo de inclusión política en los derechos de ciudadanía y también como un dispositivo de exclusión política que excluye a otros y otras de los derechos de ciudadanía y dónde los excluidos van a pugnar para ser excluidos en el mundo de los derechos, estás luchas se darán en las cuatro dimensiones de la ciudadanía: La civil; la política, la social y la cultural/étnica (Luque, 2006 y Luque y Licea, 2022).

Por lo anterior, es necesario realizar un esbozo de lo que ha sido la consolidación de una ciudadanía mexicana, la cual fue asumida y aceptada por la gran mayoría de la población, sea de manera obligada o voluntaria, pero siempre argumentando la unidad nacional.

La construcción de la ciudadanía mexicana

El movimiento de Independencia logro alentar a la población hacia la construcción de una nación soberana y un Estado republicano, el cual se encuentra dibujado en las constituciones de la época y en las obras de Servando Teresa de Mier y en Carlos María de Bustamante, quienes fueron los primeros cronistas en narra la gesta de la independencia. De manera que al nacer el proyecto de constituir una nueva nación se necesitaba de impulsar entre la población el nacionalismo, como ideología que permitiría unir las diferencias en una sola identidad nacional, basándose para ello en la concepción de que anterior a la conquista había existido una nación indígena. Esto permitió la legitimación de los sucesivos gobiernos y además dotó a la nación de un pasado remoto compartido. En síntesis, esta concepción mitológica de la nación indígena logro unir tres convicciones: la creencia en la posibilidad de restaurar un imaginario imperio mexicano, el repudio a la dominación española y la definición de la guerra de independencia como una venganza contra las injusticias de la conquista (Florescano, 1996: 334).

Por esta razón comienzan a figurar las ideas y apelaciones de México y de los mexicanos, lo cual requería cumplir con ciertos requisitos que permitían la incorporación a la nación mexicana, dando pauta a que la nación, entendida esta como una “comunidad imaginada” (Anderson, 2007), que hace referencia al conjunto de:

un tejido de símbolos, emblemas, imágenes, discursos, principios, memorias, valores y sentimientos patrióticos que enunciaban que los pobladores del país, con todas sus disparidades, estaban unidos por ideales semejantes, compartían un territorio, tenían un pasado común veneraban emblemas y símbolos que los identificaban como mexicanos, (Florescano; 1996: 18).

Bajo esta construcción de la nación, el ser mexicano implicaba la aceptación de una lengua nacional reconocida en la misma constitución como la lengua oficial, ocultando y subestimando las demás lenguas que existen en el país. La construcción de la mexicanidad también implicaba el reconocimiento orgulloso de valores estéticos de los indios, al igual que del pasado prehispánico, pero también reconocer una herencia española, de manera que el estereotipo de mestizo se convirtió en la mejor expresión del buen mexicano, orgulloso de sus raíces europeas. Este era el ideal a alcanzar, por lo tanto, se requería de la “mexicanización del indio” para poder lograr un estado homogéneo, ocasionando así la exclusión de los grupos originarios del proyecto de nación.

Para ello se requería de la abolición de las barreras culturales y además la consolidación de las instituciones republicanas en todos los ámbitos de la sociedad, ya que el futuro Estado nación, no solo necesitaba, sino exigía un proceso de mestizaje, no sólo en términos biológicos sino principalmente culturales. Para ello se implementó una política indigenista en los años cuarenta, que tuvo como máximo representante la creación y consolidación del INI (Instituto Nacional Indigenista), que era la institución oficial encargada de esta política. Para los años sesenta este discurso de integración y mestizaje, promovido por el INI fue muy crítica, propiciando que comenzara a resquebrajarse, ya que intelectuales, entre antropólogos y científicos sociales, así como por los empleados del mismo instituto y además por los mismos beneficiados de sus políticas, sobre todo las organizaciones de pueblos indígenas (De la Peña, 1995: 117). No obstante, estas críticas no lograrían muchos cambios en lo inmediato, pero permitió sentar las bases para que en los años ochenta se comenzara a usar un término que no solo planteaba un cambio en la visión del desarrollo, sino también la promoción del respeto a la diversidad cultural, me refiero al etnodesarrollo.

Diez años más tarde las críticas iniciadas en los sesenta y continuadas en años subsecuentes, surtieron efectos, ya no en el discurso sino en un cambio en la constitución mexicana, puesto que para 1991 nuestra carta magna fue enmendada:

con el fin de que el artículo 4º reconociera la «composición pluricultural» de la Nación mexicana, «sustentada originalmente en sus pueblos indígenas» (Ibidem., De la Peña, 1995: 118).

Esto significó una importante innovación institucional en el camino de la construcción de la ciudadanía étnica, pero aún quedaba de por medio el tema de las autonomías de los pueblos originarios.

La autonomía: una expresión visible de las ciudadanías étnica

Guerrero bronco: despliegue de poderes Discrecionales que chocan entre sí Y se ejercen mediante la violencia. Armando Bartra (2001).

La relación de los pueblos originarios con el Estado mexicano ha sido siempre conflictiva, ya que ha estado permeada de conflictos que han impedido una relación armoniosa e igualitaria. Esta conflictividad tiene explicación en gran medida por la falta de sensibilidad por parte del Estado para reconocer, no solo la diversidad cultural, sino los derechos que estos pueblos poseen para poder decidir sobre su propio destino.

En este sentido, las luchas de los pueblos indios han tomado distintos caminos en la búsqueda de conseguir sus objetivos, redefiniendo las formas del reclamo social, caracterizándose ahora dentro de lo que se ha dado por llamar como nuevos movimientos sociales. Dado que su reclamo no es la toma del poder sino, desde la construcción desde las bases de contrapoderes capaces de convertir a las comunidades indígenas en sujetos políticos con capacidad para tomar decisiones sobre su vida interna, al tiempo que buscan la modificación de las reglas por medio de las cuales logran relacionarse con el resto de la sociedad, incluidos otros pueblos indígenas y los tres niveles de gobierno (Bárcenas, 2007: 49).

Partiendo de esta consideración, analizaremos como los grupos indígenas en Guerrero no han sido la excepción en estas luchas, ya que los casos que presento de Suljaa´ (Xochistlahuaca) y de Rancho Nuevo de la Democracia conocido ahora como Bandera Nacional, permiten comprender la dinámica que toma la lucha en el ámbito municipal por la apropiación de espacios sociales que transforman la relación entre pueblos originarios y las instituciones del Estado.

Es preciso señalar que en ambos municipios el reclamo del movimiento indígena es la autonomía, entendida esta como la capacidad que pueden tener para autorregularse, darse reglas, autodeterminarse, autogobernarse, ya que la autonomía es sinónimo de autodeterminación y de autogobierno. De ninguna manera representa una orientación necesaria hacia la configuración de separatismos o de comunidades políticas independizadas de los Estados que ahora las incluyen (Bartolomé, 1998: 184), sino por el contrario plantea una forma distinta de gobierno en el ámbito local, espacio donde estos grupos originarios interactúan.

La autonomía en Suljaa´ (Xochistlahuaca)

En Xochistlahuaca la autonomía surge en una propuesta expuesta en una asamblea como una salida a conflictos anteriores que se venían suscitando como consecuencia de pasados gobiernos priístas, con los cuales hubo represión, presos, desaparecidos, muertos y heridos debido a sus acciones represivas y las consecuentes acciones colectivas rebeldes de los oprimidos en tierras guerrerenses: Los campesinos indígenas. Producto de estas luchas étnicas, se logra consolidar este proyecto autonómico el 20 de noviembre del 2001, así como el gobierno autónomo basado en los usos y costumbres de la población originaria.

De esta forma, la autonomía étnica se va fundamentar en las estructuras políticas comunitarias de los pueblos originarios cuyo sostén fundamental será la asamblea de la comunidad, eje central de los usos y costumbres, mediante la cual se nombraba a sus autoridades comunales mediante el sistema de cargos, en donde las personas decidían libremente elegir a sus autoridades y por ende se organizaba la columna vertebral de la vida política comunal. Al introducirse el sistema de los partidos políticos en la comunidad, esta organización política se pierde, particularmente el uso de las asambleas y el sistema de cargo como elección de autoridades, sustituyéndolos por las campañas políticas y las elecciones por medio del voto. Así los derechos individuales sustituyen a los derechos colectivos, opacándolos, pero no los destruyen.

De tal manera, hay un cambio en la vida cultural, social y política a partir de la introducción de la lógica demo liberal que los partidos políticos establecen, así:

Empezamos a ver que tenían que hacer campañas las personas que querían tener el puesto de autoridad y de presidente y tenían que ir a Chilpancingo (...) se pierde la idea de que ser autoridad era una responsabilidad muy grande. Empezó la gente a dividirse por colores de los partidos, que ahora ya se identifican con este o con aquel partido.

Fue así como empezaron las campañas electorales de los partidos políticos, particularmente las del PRI, partido que se introduce imponiendo sus candidatos por encima de la decisión de la mayoría mediante el fraude y la compra de votos. Empieza así una ola de represión en contra de la población por parte de los gobiernos priístas, principalmente de los caciques locales como: Rufino Añorve, Marciano Mónico, Josefina y Aceadeth Rocha, esta última es quien duró más en el cargo, repitiendo y reeligiéndose consecutivamente, y es a partir de este clímax de inconformidad que se va gestando contra los gobiernos priistas, muy en especial hacia esta persona a quien, en el año 2002, se logró remover de su cargo de presidenta municipal.

Así, en el intento de remover a Aceadeth Rocha de su cargo, se conformó el Frente Cívico de Xochistlahuaca, el cual estaba integrado por los mismos partidos políticos interesados en destituir a la presidenta entre los que destacó el Partido de la Revolución Democrática (PRD), así como las mismas corrientes que se encuentran en este partido. De esta manera no solo se destituyó a la presidenta municipal de su cargo, sino también se sacó del poder al mismo PRI. Sin embargo, recordemos que, en años anteriores, se había originado un resquebrajamiento y descomposición en el seno de dicho partido a nivel del estado y como consecuencia también en el nivel local, es decir, en Xochistlahuaca lo que generó una constante disputa por parte de distintas facciones partidistas, no solo del mismo PRI, sino también de otros partidos para controlar el poder municipal. Así estas facciones querían ostentar el poder, pero para ello debían primero de quitar a la presidenta de su cargo, convenciendo al pueblo de que había una nueva esperanza en el mismo partido por corregir las cosas y así lograrían ganar las elecciones que se aproximaban.

Por tal razón, al conformarse el Frente Cívico las facciones en pugna aprovecharon la oportunidad y la coyuntura para hacer proselitismo político y poder después ganar la presidencia municipal. Sin embargo, esta composición heterogénea del frente liderado por cuadros políticos del PRD, llevaría a confrontaciones políticas dentro del mismo partido, principalmente entre sus líderes quienes ansiaban ganar las elecciones próximas. De tal manera en el año 2002 al perder las elecciones para presidente y aprovechando la coyuntura y el paulatino debilitamiento de los mismos, empezó a construirse un consenso popular en donde la gran mayoría de la población ya no se sintió identificada con los partidos políticos. Existiendo, además un vació de legitimidad que estos habían dejado en las personas por medio de tantas promesas, compromisos, acuerdos y minutas firmadas que nunca se cumplieron.

En este contexto, se propone en asamblea y se acepta la autonomía que representaba la salida más satisfactoria al conflicto, aunque la mayoría de los dirigentes no estaban de acuerdo y advertían a las personas por medio de amenazas de sucesos cómo los que habían acontecido en Rancho Nuevo de la Democracia y las masacres de Chiapas.

Cuando se nombran el 20 de noviembre del 2002, a las 7 personas que serían las autoridades tradicionales que se encargarían de atender las demandas del pueblo y problemas del mismo, se formaliza la conformación y el inicio de la autonomía en Xochistlahuaca, hecho que coincidió con un proceso que estaba suscitándose en el ámbito nacional, me refiero a la marcha que realizó el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), por la dignidad y el color de la tierra, así como también se da la traición por parte del gobierno federal del Partido Acción nacional, bajo la presidencia de Vicente Fox, de no respetar los acuerdos de San Andrés Larrainzar firmados entre el gobierno federal y el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), así:

El pueblo amuzgo de Xochistlahuaca, Guerrero, instauró su Municipio Autónomo en 2002, ejerciendo por la vía de los hechos los acuerdos de San Andrés Larráinzar, firmados por el gobierno federal y representantes indígenas y del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1996. Para los amuzgos, o na’ncue ñomndaa, han sido nueve años de lucha, de reencuentro; pero también, de un viacrucis a causa de la persecución política local (Cruz, 2011).

Una vez formalizada la construcción de la autonomía en Xoshitlahuaca, se inicia una campaña de reapropiación de los espacios públicos que habían sido perdidos, es así que el Ayuntamiento se recupera y pasa a manos de las autoridades tradicionales; el auditorio público; se crea la radio comunitaria Ñomnda´; el cementerio también pasa a ser administrado por el gobierno autónomo, así como el mercado, entre otros espacios institucionales.

Esto fue como recuperar la esperanza que se había perdido y las personas se sentían satisfecha y durante los años siguientes seguirían trabajando con gran entusiasmo por su autonomía, entendida esta como la forma de autogobierno, de disponer y decidir sobre sus recursos naturales como mejor les conviene, de tomar las decisiones sobre la vida comunitaria como lo hacían anteriormente sin intermediarios y de forma directa. Asimismo, la autonomía significó recuperar las formas propias de organización de los amuzgos, para enfrentar los problemas políticos y buscar una solución.

De otro lado, el desarrollo de la autonomía en Xochistlahuaca se ha visto reforzada por que los amuzgos empezaron a reconocer sus derechos como pueblos indígenas, así han empezado a hacer uso de su ciudadanía étnica a través de los usos y costumbres, conocido también como derecho consuetudinario el cual:

(…) es producto de las relaciones históricas y de la inserción jurídica de las comunidades indígenas en la sociedad nacional y regional. El derecho indígena no puede ser visto únicamente como la continuidad de tradiciones y costumbres originarles, sino en su interrelación, confrontación y procesos constitutivos mutuos con el derecho nacional, procesos inmersos, a su vez, en relaciones de poder y de cambios (…) así el derecho indígena ha incorporado prácticas del derecho colonial y nacional. (Sierra, 1997: 135).

De tal forma, los amuzgos se han dado cuenta que la constitución mexicana reconoce la existencia de los pueblos indígenas, además que reconoce que tienen derechos étnicos, aunque si bien estos en la práctica no se respetan. A pesar de eso, han decidido entablar esta lucha por la autonomía, por la autodeterminación y decisión de su vida política, cultural y social.

Sin embargo, en la actualidad se observa un declive en el movimiento y lucha por la construcción de la autonomía, los partidos políticos han recobrado fuerzas apropiándose nuevamente de espacios políticos de poder y en especial han encontrado nuevamente respaldo en la población quienes aún creen en los partidos y en especial por los candidatos en quienes ven representar la solución a sus conflictos históricos, es decir, piensan que con el simple hecho de cambiar a la persona que está en el poder se acaba con el mal, así David Valtierra expresa lo siguiente:

(…) la mayoría de las personas pensaban y también el Frente Cívico y los partidos, que el principal interés era tumbar a Aceadeth Rocha de la presidencia municipal, pero nada más a ella, como persona, como que veían o ven en ella la loba o el mal y no ven más allá de lo que existe detrás de los partidos.

En este sentido, después de pasar 3 años en que el movimiento iba en ascenso y de tener a las personas con “los ánimos elevados” y muy presente la idea de luchar por sus derechos, al venir las campañas electorales de la presidencia municipal en Xochistlahuaca, se da el declive en el movimiento en el período 2005-2006, principalmente entre las bases de apoyo. Así prevalecieron las campañas políticas de los 3 candidatos principales que se disputaban la presidencia municipal: Arturo Marcial del PRD; Aceadeth Rocha por parte del PRI y Uliecer Castañeda de parte del Partido Acción Nacional (PAN). Se da una presión ejercida por parte de estos candidatos sobre las autoridades tradicionales para que apoyen sus campañas, más significativamente por parte del candidato del partido de “izquierda”, el del PRD.

De esta manera algunos de los que representaban los intereses del pueblo y estaban al servicio del mismo como autoridades tradicionales, caen en el juego de los partidos inclinándose a favor de algún candidato, trayendo consigo confrontaciones y distanciamientos entre las personas que impulsaban el proyecto de la autonomía, a tal grado de marcar una separación, puesto que las personas que se encontraban observando los actos realizados empezaron a señalar inmediatamente a las autoridades que decían estar ha servicio del pueblo y no del partido.

Gente del Frente Cívico vuelve a introducirse dentro del cargo de autoridades tradicionales, en específico corrientes provenientes del PRD. De tal forma, las autoridades tradicionales no representan una fuerza política, ni moral, transformándose es una expresión más del PRD.

Podemos hablar entonces de un debilitamiento de la lucha indígena en Xochistlahuaca, precisamente, por la división que se ha generado en su interior y las condiciones de volver a levantar el movimiento son difíciles, pero hay un equilibrio de poderes porque las corrientes y facciones políticas se encuentran estables, hay como una especie de estabilidad política, ya que ningún grupo contaba en ese momento con la fuerza política para movilizarse e imponerse a los otros.

Municipio en Rebeldía: Rancho Nuevo de la Democracia

El siguiente caso de estudio que presentamos, se encuentra ubicado también en la Costa Chica de Guerrero, por comunidades pertenecientes al municipio de Tlacoachistlahuaca, donde comunidades mixtecas y amuzgas declararon su territorio como “municipio autónomo en rebeldía”, realizando movilizaciones pacificas en busca de lograr el cumplimiento de su demanda. Este nuevo municipio aglutinaría a más de veinte comunidades de los municipios de Tlacoachistlahuaca, Xochistlahuaca y Metlatonoc. El proceso se inició tras las elecciones de 1989, en dónde se acusó al presidente electo, Carlos Salinas de Gortari de fraude electoral a nivel nacional y de fraude a nivel local. Los afectados por estos hechos exigían el reconocimiento y, por lo tanto, respeto a su candidato ganador, además una serie de demandas que en ese momento se pusieron en la mesa de negociación.

Este conflicto postelectoral sería el detonante de un movimiento indígena con particular expresión de demanda autonómica, pues para 1994 el conflicto vuelve a resurgir, demandando entonces unas elecciones “limpias” y democráticas:

Durante todo el año 1994, y parte de 1995, las comunidades organizadas en Rancho Viejo —el nombre original de la comunidad—, agrupadas en el Movimiento Indígena Por la Autonomía (MIA), mantuvieron su movimiento de autodefensa al igual que su reclamo por el reconocimiento del nuevo municipio. Pero el olvido gubernamental, aunado al desgaste económico inherente a un movimiento de esa naturaleza, causaron su efecto y, poco después, el movimiento se diluyó. (Rivera, 2014: 117).

De manera que en las comunidades declaradas en rebeldía y en pro de un nuevo municipio, se comienzan a crear gobiernos paralelos a los reconocidos constitucionalmente y en algunos casos en manos de priistas. Dando muestra que eran capaces de construir un poder cimentado en el respaldo de todos los inconformes.

Como parte del proceso de ir dando forma a la autonomía del municipio de Rancho Nuevo de la Democracia, hoy conocido como Bandera Nacional, los indígenas de las comunidades pertenecientes al mismo, iniciaron con fortalecer la participación de la población en las instancias nuevas que estaban creando, de manera que en los Consejos de Desarrollo Regional (CDR) o el Consejo Municipal en Rebeldía dieron pauta a que las comunidades pudieran incidir de manera activa en el fortalecimiento del control de su territorio al permitirse de manera directa definir los ejes problemáticos y formas de acción para encontrar las soluciones.

Los indígenas de este nuevo municipio lograron tejer una red de relaciones entre ellos mismos que les garantizo la unidad y les ha permitido impulsar acciones en concreto para la solución de problemáticas que han presentado durante años, las cuales no habían sido resueltas ni atendidas por los gobiernos de sus antiguos municipios. Pues recordemos que las comunidades del municipio de Rancho Nuevo de la Democracia se desprendieron de los municipios de Tlacoachistlahuaca (principalmente), de Metlatónoc y Xochistlahuaca. Sus motivos radicaron, además de los ya señalados, en la lejanía que mantenían con sus respectivas cabeceras, mismas que impedían el impulso y solución de viejas demandas de justicia social y equidad en el manejo del presupuesto municipal.

Recordemos aquí que la disputa por el control de los municipios ha tenido un interés principal: controlar los recursos que llegaban, tanto desde el Estado como de la Federación, de esta manera, los indígenas de Rancho Nuevo de la Democracia solamente podían tener acceso al control de estos recursos mediante la apropiación del poder municipal, que no obstante se vio truncado por los intereses de una clase dominante que mantiene para sí el poder local, representado sobre todo por los mestizos que han dominado la región. El control del recurso económico ofrece a quien lo contrala, dirigir el desarrollo económico y político, de manera que los mixtecos, amuzgos y nahuas de las comunidades que conformaron Rancho Nuevo pretendían establecer un gobierno con características populares que les permitiera cristalizar el recurso económico en mejorar caminos, escuelas, centros de salud, vivienda y apoyo a campesinos y pequeños productores, que de otra manera no se podrían lograr.

Es de mencionar que Rancho Nuevo no ha sido reconocido oficialmente, sin embargo, esto no ha impedido los ánimos de quienes lo impulsaron, pues los indígenas de estas comunidades siguen al pie del cañón, insistiendo en que también pueden gobernarse y dar direccionalidad a un desarrollo distinto y sustentado en la fuerte base social que ha mantenido al municipio en rebeldía.

Finalmente, ambos municipios en rebeldía, forman parte de una larga tradición política de los pueblos indígenas, ya que, como lo señala Bartra, “los surianos democráticos le pelean las alcaldías al cacicazgo, y si no tienen éxito tratan de crear nuevos municipios”. De manera que esta situación se agudizó sobre todo en donde hay presencia de grupos étnicos, ya que les disputan el poder a los mestizos que controlan el municipio. Así, los intentos de crear nuevos municipios han tenido distintos momentos que van desde la lucha de los nahuas de la región Balsas contra la construcción de una presa hidroeléctrica en San Juan Tetelcingo; por su parte el Consejo de Autoridades Indígenas de la región Costa-Montaña demanda un municipio mixteco y tlapaneco, mientras que en el pobrísimo Metlatónoc los mixtecos quieren crear el nuevo municipio de Chilixtlahuaca, que finalmente desemboco en la creación desde 1995 por parte de los pobladores de Metlatónoc, Tlacoachistlahuaca y Xochistlahuaca, en la creación del municipio en Rebeldía de Rancho Nuevo de la Democracia (Bartra, 2001: 63). De estos municipios 25 comunidades son mayoritariamente mixtecas, 3 nahuas y 2 amuzgas (Rodríguez, 2002: 66).

Conclusiones

Sin lugar a duda los movimientos indígenas, han recobrado fuerzas principalmente al impulsarse las políticas neoliberales de globalización económica y cultural. En este sentido, los movimientos indígenas han venido a cuestionar el papel del Estado que sigue sin resolver los problemas de la cuestión étnica al no atender las demandas de los pueblos indígenas que se justifican en un discurso reivindicador de un pasado glorioso, lleno de un presente vivo que sigue latente en el México profundo a lo largo de los 500 años de dominación, opresión, exclusión, racismo y discriminación generados sobre ellos por gobiernos ineptos que han negado su existencia preocupados más por impulsar un proyecto de nación acordes a los intereses de la clase política mexicana de las elites en el poder, de los empresarios, banqueros y la oligarquía mexicana.

Sin embargo, los grupos indígenas, han logrado tejer formas de organización y resistencia que les ha permitido seguir su reproducción social y cultural frente a políticas racistas y de integración a un Estado-nación que no les reconoce sus derechos como pueblos originarios y que muy por el contrario los rechaza y niega.

Debemos mirar la creación de estos municipios autónomos en rebeldía, tanto en Rancho Nuevo con los mixtecos, como en el caso de los amuzgos en Xochistlahuaca, en el marco de la lucha indígena a nivel nacional, que a partir de la década de los noventa iniciaría un proceso de lucha que va más allá de la conquista del poder mediante las elecciones municipales, con la finalidad de terminar con un sistema caciquil que ha generado una clase social capaz de controlar los recursos naturales con fines económicos meramente familiares. Así pues, la lucha actual de estos pueblos tiene que ver con lo que señala Francisco Bárcenas, quien ha hecho notar que la lucha actual de los pueblos indios no es la apropiación de espacios de poder dentro de la estructura gubernamental o estatal, sino más bien la apropiación de espacios desde los cuales controla de manera directa los recursos que aseguran el desarrollo de estos pueblos. En este sentido, la apropiación de espacios de poder como lo es el territorio permite a los pueblos tener un medio en el cual moverse de acuerdo con sus usos y costumbres, no reconocidos por el Estado, pero si legitimados por los propios actores.

La emergencia cada vez más visible de una reivindicación étnica ha permitido vislumbrar la construcción de una ciudadanía al margen de las configuraciones culturales de cada grupo en espacios comunales, municipales o regionales. De manera, que la ciudadanía étnica concebida desde los pueblos indígenas tiene sus raíces en la identidad territorial que se va construyendo en la medida en que la población concibe su espacio como un lugar valorizado, tanto económica como culturalmente y también de manera adjetivada, es decir incluye aquí los sentimientos de apego y pertenencia, memoria histórica compartida, etc. (Rodríguez, 2001: 431). Así, los movimientos indígenas pugnan por un reconocimiento incluyente, es decir que no solo se reconozca la existencia de distintas ciudadanías, sino que además se les tome en cuenta dándoles cavidad en un marco normativo apegado a convenios internacionales como el 169 de la OIT u otros firmados en Ginebra en los años noventa.

Sean o no tomadas en cuenta estas ciudadanías étnicas, seguirán vigentes, tomando cada vez más impulso y fuerza como ya lo mostré en la presente investigación, misma que aun está en camino y que arroja más datos para la discusión aun inconclusa. De manera que, como ya lo mencionaba al inicio, el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios sigue siendo una asignatura pendiente y lo seguirá siendo si no pugnamos por tejer puentes que permitan el diálogo intercultural que nos lleve a generar consensos entre los diferentes actores.

Finalmente, los pueblos indígenas están demostrando que mientras no exista una apertura verdaderamente democrática en el país, que permita hacer estragos y modificaciones en las estructuras de poder, heredadas del viejo régimen priísta, seguirá habiendo, parafraseando a Armando Bartra, más terremotos políticos que ocasionan inestabilidad a la de por sí carente y frágil democracia suriana. En ese tenor sostenemos que al final de cuentas sin reconocimiento no hay ciudadanía étnica completa y menos democracia sustantiva.