Democracia, ciudadanía y violencia en Guerrero después de Ayotzinapa (2014-2024)

Introducción

¿Cómo era la democracia en el Estado de Guerrero antes de la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa? ¿Qué impacto tuvo este acontecimiento traumático en la configuración contemporánea de la democracia en dicha entidad federativa? Estas son las dos preguntas que guían la presente investigación. La democracia en Guerrero antes de la desaparición de los 43 estudiantes era básicamente una democracia procedimental que estaba sometida a la prueba del ácido de la violencia impulsada por los carteles del crimen organizado que se disputan el Estado por diversas razones, las cuales iban desde el tráfico de personas hasta el control del cultivo de Amapolas, insumo básico para la producción de la heroína, Ciertamente, Guerrero vivía algunos indicadores de una tímida apertura democrática, frente a un régimen (priista), que se había cimentado en:

Las diversas circunstancias sociales en las que se ha construido el sistema político, como son: desapariciones forzadas de líderes de oposición, guerrillas inspiradas en la lucha social, exterminio de campesinos, matanzas como la de Aguas Blancas. Lo anterior, marcó el desencanto de la sociedad que se vio reflejada en la elección del 6 de febrero del 2005 en donde el candidato Zeferino Torreblanca Galindo, de la coalición “Guerrero será mejor”, se convirtió en el primer gobernador de alternancia partidista en Guerrero, un triunfo histórico para la entidad (Abarca, 2022: 57).

Esta incipiente apertura democrática tendrá un reto que no podrá superar cuando en el 2004, llegan al Puerto de Acapulco los carteles criminales como el de Sinaloa, el del Golfo y su brazo militar, los Zetas, en este contexto es el que hay que entender el valor estratégico de Guerrero para el crimen organizado:

En 2015, México figuraba como el tercer productor mundial de opio y el segundo de marihuana. De 2000 a esa fecha, el Ejército destruyó el equivalente a 129,146 hectáreas de amapola y a poco más de 30,910 hectáreas de marihuana en Guerrero, lo que da idea del inmenso botín disputado por los cárteles. Por lo que recién señalamos, el estado sureño ofreció las condiciones idóneas para que ahí se extendiera la organización criminal que llegó a ser la más poderosa de la década al decaer los cárteles colombianos: el cártel de Sinaloa; su aliado local lo conformó el grupo de los hermanos Beltrán Leyva. Las ganancias exorbitantes pronto llamaron la atención de otras organizaciones delictivas rivales: la intromisión del Cártel del Golfo y de su brazo armado los Zetas tenía que ser repelida y para ello se creó el grupo de contraataque los Pelones, comandado por el después famoso Edgar Valdés Villareal, alias la Barbie” (Santiago, y Illades, 2019: 254).

Sin embargo, el hecho de mayor peso simbólico instalado en la memoria de los acapulqueños fue el asesinato de dos policías locales del Puerto, cuyos cadáveres son decapitados y exhibidos por sicarios del Cartel de Sinaloa:

Las cabezas de un comandante y un oficial de la Policía Preventiva Municipal (PPM) de Acapulco, que el miércoles fueron levantados, aparecieron la madrugada de hoy clavadas en una reja metálica de un muro de la coordinación administrativa Costa Chica y Costa Grande de la Secretaría de Finanzas del gobierno de Guerrero, con la leyenda "Para que aprendan a respetar". Las víctimas participaron el 27 de enero en el enfrentamiento a balazos con presuntos narcotraficantes ocurrido en la colonia La Garita, donde murieron cuatro sicarios integrantes de la banda Los Pelones, presuntamente al servicio del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán Loera (Habana, 2006).

Los asesinatos de los policías municipales (entre otros acontecimientos que se dieron a lo largo del 2006), configuraron un antes y un después en la vida cotidiana de la ciudad de Acapulco y del Estado de Guerrero, a partir de este momento las fuerzas policiales municipales y estatales son sometidas y tomadas por agentes del crimen organizado y las organizaciones criminales inician el cobro de piso a los comercios locales y empiezan a disputarse la plaza, por el otro lado, el del poder federal, Felipe Calderón, llega al gobierno e inicia su guerra contra el crimen organizado, ello de la mano de su Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien años después seria detenido y juzgado en los Estados Unidos por pertenecer al Cartel de Sinaloa.

Este es el contexto en el que se desarrolló la joven democracia guerrense a los 5 meses de la alternancia en el poder, toda la estructura de relaciones políticas se inclino hacia el crimen organizado y las élites políticas se adaptaron sin problemas al nuevo contexto, así surgió la narcopolítica, contexto en el que se desarrollaría el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, militante del Partido de la Revolución Democrática y miembro del Cartel Guerreros Unidos, actor clave en la desaparición de los 43 estudiantes.

Por eso es útil y estratégico el pensamiento de Franz Hinkelammert (2017), pues se ubica en la conexión dialéctica entre vida y capital. La tesis del teólogo de la liberación busca relacionar estas ideas con los principios de justicia social y la dignidad humana. Este aparato crítico/teórico es muy creativo para articularlo intelectualmente con las ideas de democracia, ciudadanía y violencia en Guerrero después de Ayotzinapa (2014-2024). Para ello teorizamos hipotéticamente lo siguiente: La instalación de un capitalismo feroz de corte neoliberal en México a partir del año 1988, influyó positivamente en: 1. La configuración de un proceso de desarticulación progresiva de las funciones integradoras del Estado (pérdida paulatina del uso de la violencia legitima y del control territorial); 2. Desarticulación del Estado de Derecho Democrático; 3. Articulación de las élites políticas locales con el crimen organizado y; 4. Control territorial de los poderes facticos (narco política) y; 5. Explotación neoliberal de la población que habita los territorios conquistados (Cobro de piso, extorsión, secuestros, tráfico de personas).

La metodología que desarrollamos para comprobar o refutar nuestra conjetura (Popper, 1991) de trabajo fue de orden cualitativo/cuantitativo. Se aplicaron dos técnicas de investigación cualitativas: Las entrevistas semiestructuradas y la etnografía (Ruiz, 2003), y una técnica cuantitativa: La encuesta. La muestra fue de orden teórica, debido a que:

En el muestreo teórico, en cambio, las unidades o situaciones a incorporar se eligen a partir del conocimiento teórico que se va construyendo sobre la marcha, con la información que va emergiendo a lo largo del estudio (Martínez, 2012:616).

En este sentido la presente investigación sostiene que el neoliberalismo es el marco civilizatorio en dónde se da un proceso destrucción de los valores humanitarios del proyecto histórico de la modernidad política, marco en dónde se privilegia el capital antes que la vida. La característica central del neoliberalismo es su sentido acumulativo/predatorio la racionalidad instrumental que le da sentido a su lógica define su identidad destructiva de toda forma de protección colectiva y social y que estas impiden la generación espontánea de la libertad emprendedora (Gálvez y Luque, 2019).

Siguiendo esta dinámica, las transformaciones neoliberales de los Estados en América Latina se articularon a fines del siglo XX, con los dos modelos básicos de ciudadanía, la clasista y la corporativa (Zapata; 2005). La articulación clasista, que encarnó aquella ciudadanía basada en sujetos políticos relativamente consolidados que al participar en partidos políticos promueven causas definidas en proyectos políticos, fue perdiendo sentido y peso en la región, debido a los procesos de despolitización de nuestras sociedades derivados de las transformaciones neoliberales, pasamos de ser ciudadanos a consumidores. En relación con la articulación corporativa se desarrolló una ciudadanía tutelada en la que la relación central fue de tipo clientelar. Se esboza que en el caso mexicano es la relación dominante. Asimismo, las transformaciones neoliberales en la región tuvieron otra consecuencia no deseada, la crisis de la seguridad pública.

Guerrero, algunos antecedentes demográficos

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Guerrero es una entidad federativa que cuenta con tres millones, quinientos cuarenta mil seiscientos ochenta y cinco habitantes (3´540,685), cuenta con al más alto índice de marginación de México, aporta con el 1.5% del Producto Bruto Interno (PBI) nacional.

Tiene 81 municipios, los cuales abarcan 63,597 km2, equivalentes, al 3.2% del territorio nacional. Su capital es Chilpancingo de los Bravos. Sus ciudades más importantes son Acapulco, Taxco e Iguala. Según el informe de desarrollo humano (IDH), del 2022, los avances son diversos:

Mientras que la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, tiene el IDH más alto del país (0.911), el municipio con menor IDH es Cochoapa el Grande, en Guerrero, con el IDH más bajo del país (0.445) y ubicado por debajo del promedio de países con IDH bajo. Al respecto, si bien las diferentes medidas de desigualdad analizadas en el presente Informe sugieren que la desigualdad entre los municipios disminuyó en el periodo completo, esta disminución se estancó entre 2015 y 2020. (PNUD, 2022: 27).

Guerrero es un espacio geográfico de contradicciones económicas y de diversidad cultural y étnica, se divide asimismo el 60% de su población es urbana y el 40% es rural. Tiene un porcentaje promedio de escolaridad de 8.4 años por individuo. Su aporte al PBI nacional es del 1.4% (INEGI, 2021).

La crisis de la democracia y la progresiva pérdida de las funciones integradoras del Estado (uso de la violencia legitima y del control territorial)

Una de las consecuencias inmediatas de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Rural Normal Raúl Isidro Burgos, fue la crisis del sistema político subnacional en Guerrero, el entonces Gobernador Ángel Aguirre Figueroa, tuvo que renunciar a su cargo y entregarlo al congreso del Estado, el cual designo como gobernador interino al ex guerrillero y académico Salvador Rogelio Ortega Martínez en tanto a nivel federal el caso impactó en la base de legitimidad de la presidencia de Enrique Peña Nieto en dónde rápidamente se pasó de una crisis humanitaria a una crisis de Estado:

Sí la masacre de estudiantes del 2 de octubre de 1968 marcó un parteaguas en la realidad nacional, la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014 ha provocado una crisis humanitaria de tal magnitud, que derivó en una crisis de Estado generada por el repudio social que se ha manifestado masivamente a nivel internacional y nacional a lo que sin duda constituye un crimen de Estado (Gómez, 2015:50).

La crisis política producida por la desaparición de los 43 estudiantes afectó las relaciones de poder en dos niveles: El federal y el subnacional. A nivel federal obligo al gobierno de Peña Nieto a elaborar un informe que explicará los acontecimientos ocurridos en Iguala los días 25 y 26 de septiembre, ese informe recibió el nombre de la “Verdad histórica”. En el nivel subnacional el impacto fue tan potente que el gobernador Abel Aguirre renunció, y en el nivel municipal se visibilizó el papel estratégico y de control político territorial que los carteles del crimen organizado desarrollaron en aquellos años En este sentido, después de casi 10 años de ocurridos los eventos de Iguala que terminaron con la desaparición forzada de más de 40 estudiantes de la Escuela Normal Rural, Raúl Isidro Burgos de Guerrero, el cerco de impunidad levantado por el expresidente Peña Nieto (2012-2018), en torno a este dramático acontecimiento se ha profundizado.

Después de Ayotzinapa, el gobierno de Enrique Peña Nieto nunca volvió a recuperar la iniciativa, en el 2018, es derrotado junto con sus dos viejos aliados (el PRI de Alejandro Moreno, el PAN y el PRD pierden las elecciones presidenciales frente a la coalición liderada por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Se cerró así un ciclo político iniciado por Carlos Salinas de Gortari, en 1988, cuando en unas discutidas elecciones presidenciales se impone a Cuauhtémoc Cárdenas, candidato del Frente Cardenista:

En medio de ese proceso se llega a la competida y polémica elección presidencial de 1988 con el que nace el sistema de los tres grandes partidos: Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN), y Partido de la Revolución Democrática (PRD), acompañados de partidos menores que lograron mantener su registro, convirtiéndose en más de una ocasión en actores fundamentales (…) este sistema de partidos funcionó durante treinta años. En el 2018, con el triunfo del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), esto cambio” (Torres-Ruiz, 2023: 12).

El cambio político del 2018, ahora a nivel federal, trajo muchas esperanzas, las ideas de justicia, igualdad social y lucha contra la corrupción fueron decisivas a la hora de motivar a los electores, además estaba el eslogan de la campaña obradorista: “por el bien de todos, primero los pobres”, la base anti neoliberal estaba en el aire A pesar del triunfo en las elecciones presidenciales del 2018, del Lic. Andrés Manuel López Obrador, y el de haberle entregado la responsabilidad política y ejecutiva de resolver el caso de los 43 desaparecidos, a uno de sus colaboradores más cercanos, el Mtro, Alejandro Encinas, entonces subsecretario de derechos humanos de la Secretaria de Gobernación (SEGOB), es inevitable teorizar que ni el cambio de la coalición del sistema de partidos en el poder (el desplazamiento del sistema de partidos dominante -PRI, PAN y PRD- durante el período 1988-2018, por el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), y sus aliados (PT, PES y PVME, no influyó en la búsqueda de la verdad desde las instituciones políticas y de justicia.

En este sentido, uno de los poderes más criticados del sexenio del Presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido el de la procuración de la justicia, la impunidad ha crecido en México y el porcentaje de solicitudes de justicia de los ciudadanos ante el poder judicial ha sido mínimo:

A nivel general se percibe una desconfianza y corrupción en las instituciones policiacas y judiciales, que se agudizada por los altos niveles de impunidad. La denuncia ciudadana se ha vuelto el lugar menos recurrido por quienes adolecen estos fenómenos1. La sociedad mexicana ha advertido continuamente que el gobierno en su nivel municipal, estatal y federal ha sido indolente en sus funciones de seguridad, así como en algunos casos su colusión con el crimen organizado. Ante tal panorama, es un hecho el nacimiento de organizaciones que, a pesar de no contar con los recursos suficientes muestran la capacidad de generar propuestas para cubrir los vacíos de poder (Martínez, 2022: 433).

En términos de los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, los avances respecto a las investigaciones realizadas para ubicar a sus hijos no han sido fructíferos y sus resultados han sido mínimos, tenues y el fenómeno de la desaparición forzada en vez de reducirse se ha incrementado en todo México pese al esfuerzo del gobierno de turno de construir otros criterios de medición de los desaparecidos para al menos disminuir los números de las víctimas en términos burocráticos.

Según las cifras oficiales del: “Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas” (RNPDNL: 2023), la cifra oficial de personas desaparecidas y no localizadas, al corte de agosto del 2023, fue de 114,588 personas, es fundamental decir que la misma institución, señaló en su informe del 2014 (el año de la verdad histórica” sobre los 43 estudiantes desaparecidos), que el total de personas desaparecidas o no localizadas fue de 24,812.

En menos de 10 años, el número de desaparecidos creció en más de un 450%, ante un Estado quebrado, ausente o contaminado por las asociaciones de sus elites políticas con los carteles del crimen organizado, se articuló un contexto en dónde se dio la creación, formación y el posterior despliegue colectivo de organizaciones y asociaciones civiles de familiares buscadoras de las y los desaparecidos, quienes desde el plano de la sociedad civil construyeron una serie de dispositivos para encontrar a sus seres queridos ante la inmovilidad del Estado para darle un tratamiento eficiente a este doloroso tema, así:

Las organizaciones de víctimas se asumen como un sujeto político colectivo que inciden en la toma de decisiones y en la corrección de las ineficiencias del Estado. El trabajo del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, Colectivo el Solecito de Veracruz, Madres Unidas por Nuestros Hijos San Fernando, Mylynali Red, Red de Desaparecidos en Tamaulipas y Familias Unidas demuestra la capacidad organizativa y el ejercicio de su ciudadanía para contribuir a la defensa y promoción de los derechos humanos, los derechos de las víctimas y la visibilización de las personas desaparecidas (Mejía y Mejía, 2022:435).

El trabajo de las organizaciones y asociaciones de familiares de los detenidos desaparecidos ha sido fundamental para colocar en la agenda pública y política de está lacerante realidad. La impunidad de quienes delinquen está garantizada debido a la existencia de una estructura de aplicación y administración de la justicia poco o menos inútil, clasista, patriarcal, heteronormada y racista. Las preguntas que interpelan estas lacerantes realidades son las siguientes: ¿Podemos tener una democracia real con una crisis estructural en el campo de los derechos humanos desde por lo menos desde el 2006 en adelante en México?

En México tenemos cientos de miles de desaparecidos y el Estado, ha hecho poco o nada al respecto, en este sentido, la visibilidad de esta problemática en la opinión pública y en la agenda de la Subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación del Gobierno Federal, fue impulsado por los acontecimientos de Iguala de septiembre del 2014, la cual generó un conjunto de acciones cuyos resultados se reflejan en los dos informes titulados: “Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa”, ambos informes fueron calificados por los familiares de los 43 estudiantes como insuficientes.

El segundo informe concluye responsabilizando al gobierno de Peña Nieto de encubrir los hechos de Ayotzinapa mediante el informe conocido como el de la “Verdad Histórica”, sobre los 43 desaparecidos de la Normal Raúl Isidro Burgos:

La desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, la noche del 26 al 27 de septiembre del 2014 constituyo un crimen de Estado, en el que participaron integrantes del grupo delictivo “Guerreros Unidos” y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano (…) La verdad histórica, constituye una segunda desaparición de los estudiantes, por las omisiones de las autoridades, que en todo momento estuvieron informadas: que permitieron la violencia y la desaparición de los normalistas: participaron con el grupo delictivo en la desaparición: manipularon y ocultaron evidencias y pruebas; crearon escenas del crimen; obtuvieron declaraciones bajo tortura; protegieron a los servidores públicos que participaron en los hechos, y mintieron a los familiares de las víctimas y a la sociedad. (CoJVAJ, 2023: 129).

Ante estos hechos la “Asociación de Familiares de Desaparecidos de los Estudiantes de Ayotzinapa,” expresaron su rechazo al informe y se distanciaron del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Hoy en día son críticos al gobierno de AMLO, y a la coalición que apoya al presidente y desde esa fecha han iniciado un conjunto de acciones colectivas como marchas en la Ciudad de México, en dónde una de ellas, ocurrida el 6 de marzo del 2024, derivó en un ataque directo en contra del Palacio Presidencial, ante lo cual el jefe del ejecutivo señaló:

es una estrategia, un movimiento en contra de nosotros, fueron ya a la Secretaría de Gobernación y rompieron vidrios, es un plan de provocación, clarísimo, no vamos a caer en una provocación. Lo que quisieran es que nosotros respondiéramos de manera violenta. Lo que quieren es provocar (…) Yo estoy analizando y conduciendo todo porque lo que me importa es encontrar a los jóvenes y ya la actitud no de los padres, sino de los asesores y abogados de los padres, es una actitud, en el mejor de los casos, muy de confrontación, en contra nuestra, de provocación. Nosotros no queremos para nada la confrontación. Decir nada más a los padres que estamos dedicados a la búsqueda de los jóvenes (Urrutia y Olivares, 2024).

Con relación a este tema nuestra encuesta recogió las percepciones de los guerrerenses acerca de los esfuerzos del gobierno federal por conocer la verdad sobre los 43 estudiantes de la Escuela Normal Superior Raúl Isidro Burgos:

Ver Gráfico 1. La investigación sobre el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. ¿Las investigaciones realizadas por el Gobierno federal han sido?

Gráfico 1

Encuesta: Los grandes problemas del Estado de Guerrero 2014-2024. “Red de Investigadores en Derechos Sociales en América Latina” (REDDSAL). Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM).

Los resultados son elocuentes, el trabajo encargado al entonces Subsecretario de Derechos Humanos, Lic. Alejandro Encinas, de la Secretaria de Gobernación del Gobierno de México (SEGOG), consistente en hacer justicia y dar con los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos ha sido un fracaso para los familiares de los 43 desaparecidos, estos dos informes, bajo el título: “Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa”, desde el punto de vista de los afectados no es consistente e insuficiente.

Guerrero: Una democracia fallida o una democracia en una crisis disfuncional

Por otro lado, los actores políticos han cambiado en algunos escenarios y en otros sencillamente se han generado lógicas gatopardista, en dónde todo se ha transformado para que todo siga siendo igual. Ese es el caso de la democracia subnacional en Guerrero, en el 2014, la fuerza política dominante era el Partido de la Revolución Democrática (PRD), hoy en día lo es el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), quienes, en compañía de sus aliados, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo (PT), controlan la mayor parte de los municipios de Guerrero, y la gubernatura de Guerrero, asimismo, las ciudades más importantes de esta entidad federativa, Chilpancingo y Acapulco de Juárez, se encuentran dirigidas por alcaldesas provenientes de las filas de MORENA.

La democracia en Guerrero llega al 2024, en condiciones extremas, casi de cuidados intensivos como una democracia radicalmente extenuada, con sus capacidades institucionales colapsadas.

Sus élites políticas, económicas y culturales han naturalizado las importables condiciones de injusticia social, violencias, pobrezas y desigualdades sociales, dejando abandonada a su suerte a toda la ciudadanía restante.

Desarticulación del Estado de Derecho Democrático: Las zonas grises de la democracia fallida en Guerrero

La disfuncionalidad de la democracia guerrerense se expresa en la ausencia ya reconocida de un estado de derecho democrático o, mejor dicho, en la presencia de un escenario cosmético en dónde la democracia es una simulación.

Tenemos un orden político en dónde hay elecciones, en dónde funcionan algunas instituciones a nivel subnacional y federal como los organismos electorales, tenemos un estado burocrático medianamente funcional pero que es un sistema político que convive y se reproduce de la mano con el crimen organizado.

Ya es una realidad política que los carteles del crimen organizado negocian con los partidos políticos, que los jefes de Plaza del crimen organizado se reúnen con presidentas municipales y esa relación, en muchos casos definen a los futuros candidatos a cargos de elección popular, en este contexto, la posibilidad de construir una democracia robusta, provista de un estado de derecho democrático que permita salir de esta encrucijada histórica al pueblo guerrerense, es una utopía que solo será posible si se logra armar:

un Estado neutral en la aplicación de justicia, regulador de los conflictos de modo pacífico, y promotor de mayor ciudadanía civil, social y política. La democracia política mínima es una condición y posibilidad abierta de mejora, a partir de situaciones de competencia entre actores que critican y proponen opciones de cambio. Sin embargo, esta posibilidad ha sido hasta el momento sólo teórica, pues la continuidad de las políticas públicas y de la agenda de poder ha sido la constante, incluso después de la alternancia de partido en el gobierno. El viejo orden conservador guerrerense incorporó las estructuras de competencia de la democracia política, sin que hicieran mella en sus rasgos esenciales. Así, se celebran elecciones periódicas, universales, y en general correctas, y la contestación, es en la actualidad prácticamente inexistente; y también hay medios de comunicación alternativos, y partidos diferentes que compiten por los cargos (Russo, 2019: 4).

La violencia política desatada en contra de candidatos a cargos de elección popular ha sido elocuente, es otro síntoma más de la descomposición trepidante del sistema político guerrerense, unos datos, sólo en la antesala del inicio de la competencia electoral del 2024, entre los meses de diciembre del 2023 a febrero del 2024, la lista de las personas asesinadas son los siguientes:

Ver Cuadro 1. Víctimas de la violencia electoral.

Cuadro 1

Elaboración propia con datos encontrados en la prensa: Diarios El Universal, La Jornada y el Economista.

Si desagregamos los datos en torno a tres variables: Estado de origen; Partido político y Género, vamos a tener un panorama muy interesante sobre cuál es el partido con mayor número de víctimas, el Estado con mayor número de asesinatos y cuál es el género de la mayor parte de las víctimas, una de las primeras conclusiones es que estamos frente a un conflicto que se da en los linderos de la Tierra caliento en dónde se involucra la Familia Michoacana, uno de los principales carteles criminales de México, ahora presentaremos los cuadros sobre la entidad de residencia y la pertenencia política de las víctimas.

Ver Gráfico 2. Entidad de origen de las víctimas.

Gráfico 2

Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en tres diarios: El Universal; La Jornada y el Economista.

Un dato muy interesante es el análisis que podemos hacer si vinculamos lugar de residencia con los asesinatos, el 28% de las víctimas residen en Guerrero, el 18% en Michoacán y el 9% en el Estado de México, estas 3 entidades federativas están unidas por la tierra caliente, en dónde hay un conflicto histórico entre la “Familia Michoacana”, con los carteles de origen guerrerense, conflicto que tiene como consecuencia el 55% de las víctimas.

Ver Gráfico 3. Partido político en el que militaban las víctimas.

Gráfico 3

Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en tres diarios: El Universal; La Jornada y el Economista.

En el cuadro anterior MORENA, el 38% de las víctimas y en conjunto con el PVME y el PT, suman el 43% de las víctimas, al crimen organizado tiene un fuerte antagonismo con esta coalición y el asesinato político, es un dato duro de esta construcción política.

Los datos presentados son elocuentes, hoy en día se está librando una dura lucha entre los poderes facticos por imponer a sus candidatos en los cargos de representación popular, todo ello en detrimento de la ciudadanía que pasa a constituirse en los bienes y activos de la respectiva plaza conquistada por el cartel de turno ¿pero quienes son estos carteles criminales?

Elites políticas locales + crimen organizado = poderes fácticos (narco político)

El Estado de Guerrero es una de las entidades federales de los Estados Unidos Mexicanos, más golpeada en los últimos años. Su población ha tenido que superar o convivir con diferentes catástrofes sociales y naturales, entre las que podemos mencionar las siguientes: La pandemia neoliberal (generadora de pobreza y desigualdad); la pandemia del Covid-19; la pandemia del crimen organizado; el huracán Otis y; la descomposición del Estado. Cada uno de los eventos mencionados han impactado frontalmente a la población guerrerense en los últimos diez años y cada uno de ellos ha tenido un progresivo impacto devastador, el cual puede tipificarse como un daño social:

Desde el enfoque de daño social, las lesiones ocasionadas por el neoliberalismo en la región podrían agruparse en tres tipos de daños sociales: relacionales, autonómicos, y físicos/ psicológicos. Los daños relacionales dicen relación con situaciones en donde las personas se encuentran parcial o totalmente excluidos de la estructura social. Por ejemplo, daños relacionales pueden ser vinculados a desigualdades estructurales respecto de ingresos y oportunidades disponibles (Martínez y Parraguez, 2021).

Este daño social destruye paulatinamente la seguridad que la ciudadanía tiene en las instituciones políticas y sociales, pero también daña las relaciones interpersonales, estableciendo lógicas hobbesiana de conducta, en dónde emerge la ley del más fuerte y nuestro estado de naturaleza salvaje, desarrollándose una creciente desconfianza de la ciudadanía hacia la ciudadanía:

No había para dónde correr, llegó el huracán Otis y cuando en la madrugada salimos de nuestros refugios, vimos como miles de personas, hombres, mujeres, niños, que llegaban en camionetas pick out, se lanzaron en masa para hacer rapiña y levantaron todo lo que pudieron y en el saqueo lo más impresionante eran sus caras de éxtasis, sus rostros de felicidad, cómo si el Otis no hubiera pasado por nuestras vidas (Verónica, entrevista 1).

Uno de los fenómenos que emergieron cómo consecuencia de todos los factores que se señalamos en los párrafos previos, la noche del 25 de octubre del 2023 fue la rapiña social, literalmente, ningún negocio se salvó del saqueo social, de este daño social colectivo que se desplegó inmediatamente después del paso del Huracán Otis, en pocas horas se vivió en Acapulco una serie de contradicciones sociales en dónde en un solo día destacaron dos tipos de conductas: Las de la rapiña y las de la solidaridad:

Nuestro lema de scouts, es estar siempre listos y sobre todo en las emergencias que surgen de eventos naturales como lo fue el huracán Otis, además el huracán a nosotros no nos impactó porque nos cubrió el cerro así que salimos al día siguiente en grupo para repartir algo de despensa y agua entre los afectados, dolía ver a nuestra ciudad así y dolía ver más a nuestros hermanos hacer rapiña en contra de sus hermanos caídos, lo que no tiro el Otis, lo termino de tirar la rapiña humana (Pedro, entrevista 4).

¿Cómo explicar estás conductas y comportamientos sociales totalmente ambivalentes? ¿cómo conectarlas con el estado de la seguridad pública? ¿cómo establecer el impacto de la pandemia neoliberal (generadora de pobreza y desigualdad); la pandemia del Covid-19; la pandemia del crimen organizado; el huracán Otis y; la descomposición del Estado en el sentido de explicar la impunidad en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desparecidos en la ciudad de Iguala en septiembre del 2014? Reflexionando desde la realidad y la literatura encontramos un hilo conductor en las ideas del daño social causados por el neoliberalismo en Guerrero (Bauman, 1994; Moulian, 1998; Atria, et., al., 2013 y Gálvez y Luque, 2019).

La presente pesquisa se realizó en el marco de las múltiples violencias derivadas de estos fenómenos sociales que han transformado el tejido social de sus habitantes y en consecuencia el trabajo de investigación social, un territorio controlado por diversos carteles en guerra entre ellos por la disputa de las principales ciudades de Guerrero, hace casi imposible este trabajo porque los miembros del crimen organizado se sienten develados o exhibidos por la labor del científico social, así una sociedad atenazada por un poder fáctico cómo es el del crimen organizado que requiere opacidad, requiere controlar a la prensa y a todo dispositivo que ponga luz en sus actividades, requiere de una impunidad social y para lograrla usa todos los medios coercitivos que están a su alcance, el secuestro, la intimidación, los homicidios e incluso el terrorismo, este es el contexto en el que se realizó la investigación, contexto en el que también se dio la desaparición de los estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos en la ciudad de Iguala hace ya casi 10 años.

Iguala, Ayotzinapa y la impunidad

Cómo lo hemos señalado en los párrafos anteriores, en los últimos años la violencia del crimen organizado se ha extendido por todo el Estado de Guerrero, prácticas como el cobro de piso son desarrollados impunemente por las “Mañas”, adjetivo con el que son enunciados y nombrados los diversos carteles y bandas del crimen organizado que explotan económicamente al conjunto de la sociedad guerrerense mediante la extorsión, el cobro de piso, los secuestros, la trata de personas y el tráfico de migrantes (sólo por mencionar algunos de sus dispositivos neoliberales o que caen en la categoría de capitalistas chupacabras (Gálvez, Luque, 2019), la cual construyo una forma de relación política del narco poder que tuvo su máxima expresión en los hechos ocurridos en Iguala, en septiembre del 2014, en dónde 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, fueron salvajemente reprimidos, violentados, todos desaparecidos por una coalición integrada por carteles del crimen organizado, policías municipales, los poderes municipales y el impune silencio de instituciones federales como miembros del Ejercito mexicano, a 10 años de estos terribles hechos, los estudiantes en su mayoría siguen desaparecidos y los actores protagonistas de estas violencias narco instituyentes siguen impunes.

Tanto en los sexenios de Enrique Peña (2012-2018), cómo en el sexenio de López Obrador (2018-2024), la impunidad ha sido una constante en este caso. ¿Qué explica la opacidad en el caso Ayotzinapa durante dos sexenios y cómo el narco político está presente o sigue influyendo en las relaciones institucionales del poder político en el Estado de Guerrero? y ¿Qué tipo de democracia se construyó en Guerrero después de los hechos de septiembre del 2014 a las luces y sombras de esta tragedia? En nuestra opinión hay que ubicarnos en la coyuntura política de esos años para explicar sus contornos contemporáneos.

Explotación neoliberal de la población que habita los territorios conquistados (Cobro de piso, extorsión, secuestros, tráfico de personas.

Durante la última parte del trabajo de campo realizado del 20 al 28 de febrero de 2024, se observó una dinámica muy elocuente que expresa el nivel del control territorial de las diferentes organizaciones del crimen organizado que luchan por el control territorial de la plaza de Acapulco. La Costera Ricardo Alemán, la principal vía turística de Acapulco, no tiene casi movimiento de vehículos de transporte público colectivo, casi no hay camiones, combis ni taxis. La razón es muy sencilla, un cartel en aparente proceso expansión (Los Rusos), lanzó una ofensiva en contra de Cartel Independiente de Acapulco (CIDA). Pese a la presencia de la Guardia Nacional (GN), y del Ejercito mexicano (La Jornada, 2023), en la avenida antes mencionada, tres vehículos en promedio son calcinados y sus choferes asesinados cada día, la violencia es el pan de cada día de los poderes facticos. ¿Cómo explicar esta convivencia?, una solución teórica nos la ofrecen dos conceptos: “poder despótico” y “poder estructural”. En este sentido, el Estado:

Es una cristalización del poder colectivo, ejercido en dos dimensiones: la primera, el poder despótico, que se refiere a las acciones que las elites estatales pueden emprender sin negociaciones rutinarias con la sociedad civil; y la segunda, el poder infraestructural, que se refiere a la capacidad institucional de un Estado para penetrar su territorio e implementar decisiones. Un poder “filtrado”, que permite coordinar la vida social a través de la infraestructura estatal: gravar riquezas, dar servicios, abarcar efectivamente la totalidad del territorio, etc. Es en esta dimensión del poder donde nuestro Estado nunca ha sido fuerte (Gómez, 2011: 23).

Uno de los factores que influyó para desencadenar la hegemonía de la narcopolítica en varios estados de la Federación Mexicana, se encuentra en el pacto que dio nacimiento al supuesto nuevo ciclo de la política mexicana, me refiero al proceso de la transición política (Méndez, 2004; Barron, 2006 y Woldenberg, 2012), proceso que dio inicio con el fraude electoral de Salinas de Gortari (1988), y que culminó con el ascenso al poder de Vicente Fox y del Partido acción Nacional (PAN), en el 2000. En este sentido, sostenemos que fue una transición gatopardista, en dónde se dijo que se cambió todo, para que todo permaneciera igual y se ahondara incluso la convivencia con el crimen organizado y se profundizaran las reformas neoliberales durante el sexenio de Peña Nieto. La razón fue muy sencilla, se privilegiaron reformas institucionales cosméticas como la competitividad electoral y la defensa de la democracia liberal/electoral en dónde continuaron reinando los intereses, motivaciones, valores e ideas de la élite neoliberal/chupacabras salinista, lo que termino por darle la hegemonía a las propuestas políticas mercado céntricas, del “haiga sido como haiga sido”. Por eso podemos afirmar que el modelo político neoliberal desde su simiente fue culturalmente excluyente de toda otra otredad, imposibilitando todo forma de comunicación de los de abajo, incluyendo la interculturalidad, así podemos definir a la interculturalidad desde la construcción de dos direcciones del poder político, desde los oprimidos y desdelos opresores, para los oprimidos, para los condenados de la tierra (Fanón, 1972), es un mecanismo liberalizador, como la teología de la liberación (Bello Villaseñor, 2017) o la pedagogía del oprimido (Freyre, 2021). Mientras la interculturalidad desde arriba es el mecanismo de comprensión de los oprimidos por parte de los opresores para explotarlos aún más, siguiendo esta lógica la transición a la democracia en México, fue una transición de los opresores que dejo de lado a los oprimidos, fue una transición sin utopías que termino por generar la distopia del narco estado chupacabras y que también alumbro la “utopía obradorcito” del presente, utopía que representa la transición a la democracia de los de abajo.

Conclusiones

Según algunos investigadores (Woldenberg, 2006 y Crespo, 2006), la derrota del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en las elecciones presidenciales del año 2000, significó en los primeros seis años del presente milenio el aparente cierre de un ciclo político caracterizado por los siguientes elementos: 1) la presencia de un fuerte régimen presidencialista; 2) la hegemonía política del PRI durante setenta años; 3) un Estado fuerte, clientelar y corporativo y; 4) una cultura política clientelar y corporativa. Se construyó desde la opinión pública y la academia una imagen optimista sobre el desarrollo de la democracia en México, imagen que se desvaneció a los pocos años con la declaración informal de guerra al crimen organizado que hizo el Presidente Calderón al iniciar su sexenio (2006-2012), asimismo, factores como la crisis de seguridad pública y los derechos humanos, la creciente desigualdad social, la impunidad y la corrupción de los servidores públicos, además de la baja participación de los ciudadanos en los procesos electorales, demuestran el agotamiento del discurso sobre la transición a la democracia que se inició en julio del 2000.

En este marco, argumentar que la victoria de Fox en las elecciones del 2000, fue el inició de la transición a la democracia es un error, las estructuras políticas de dominación se neoliberalizaron pero no sé democratizaron- Lo mismo ocurrió en las elecciones del 2006, porque Felipe Calderón, elegido en unas condiciones sospechosas, para legitimarse tuvo que generar dos reformas constitucionales importantes: la reforma en materia indígena publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2001 (González, 2002) y la reforma en materia de derechos humanos del año 2011 (Martínez, 2011). Las cuales fortalecieron los derechos de los mexicanos y mexicanas. Además, se produjo la expansión de la autopista informática y la proliferación de las redes sociales en dónde se desarrollaron nuevas formas de comunicación y socialización política, los nuevos soportes dieron sustento a formas horizontales de deliberación y debate que fueron usados por la ciudadanía para desafiar y cuestionar a sus gobernantes, una muestra de ello fue el caso del movimiento estudiantil #Yosoy132, durante las elecciones del 2012.

La presencia de sindicatos corporativos y clientelares que buscaron sintonizar sus intereses con la nueva élite gobernante panista, de la mano con el surgimiento de las redes sociales y el debate deliberativo que se promovió a través de ella, fue un síntoma claro de la coexistencia del pasado con el presente. Así, el futuro democrático y liberal de los sexenios panistas terminó por diluirse en un entramado de concesiones en dónde la centralidad del Estado se desfiguró completamente en el baño de sangre resultado de la “guerra contra el narcotráfico”, Guerra encabezada por el Secretario de Seguridad pública Genero García Luna del expresidente Felipe Calderón, hoy acusado y encarcelado en los Estados Unidos por pertenecer al cartel de Sinaloa. Después vino el sexenio de Peña Nieto (2012-2018), periodo neoliberal caracterizado por las reformas estructurales del año 2014.

En este sentido, el ascenso al poder de Peña Nieto, tuvo una consecuencia no deseada, se rompió el pacto corporativo que los carteles de criminales sostuvieron con las élites panistas de la mano con Genaro García Luna y ante el retroceso del Estado debido a su reducción y centralidad impulsada por las élites gobernantes neoliberales, los carteles del crimen llenaron el vacío político (tenemos los ejemplos de Michoacán, Tamaulipas y Guerrero), quedando con una autonomía económica, política y militar que los llevó a competir entre ellos violentamente por el control territorial de plazas y a su vez ejercer el control político sobre las autoridades municipales y estatales.

Ello explica la conexión política entre el Cartel de los Guerreros Unidos y el ex Alcalde de Iguala, José Luis Abarca, militante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y responsable político de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos en los hechos ocurridos en dicha ciudad los días 26 y 27 de septiembre del 2014. Los cuales generaron una fuerte reacción de la ciudadanía que rechazó los acontecimientos antes descritos y se movilizó de manera sostenida demandando la aparición con vida de los estudiantes secuestrados. Ayotzinapa se transformó en un símbolo político en contra de la normalización de la violencia desatada desde el año 2006 por la “guerra contra el narcotráfico" cuyo principal propósito fue rescatar los espacios públicos del control criminal.

Guerrero: Una democracia sin calidad y sin ciudadanos

Hoy en día, durante el presente sexenio, vemos que la elite gobernante de la Cuarta Transformación fracasó en superar la impunidad que rodea los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y además terminó administrando un Estado superado en partes significativas de su territorio por el crimen organizado, por lo que se transformó en un país menos democrático, se destruye la seguridad pública, nace una cultura del miedo y en muchos casos los ciudadanos tiene que organizarse fuera de la esfera del Estado para enfrentar a la delincuencia organizada, un ejemplo de ello son las llamadas “Autodefensas” surgidas en los primeros meses del año 2013 en el estado de Michoacán. En el caso de Guerrero vamos a tener también este fenómeno expresado en la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC); La Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero (UPOEG); La Unión de Pueblos de la Costa Grande (UPCG); la Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia-Policía, Ciudadana y Popular (CRSJ-PCP); la Policía Ciudadana de Olínala y el Movimiento Apaxtlense Adrián Castrejón. Todas ellas surgidas desde la base social con el propósito de impartir justicia y proporcionar seguridad pública.

Todos estos elementos expuestos van a estar presentes en el caso específico de Guerrero. La lógica que se va a dar paulatinamente a nivel local va a ser en dos niveles, por un lado, desde los sectores campesinos-populares se van a crear estas instancias para proveerse de seguridad pública y en segundo lugar se van a agudizar después del caso de Iguala, incrementándose las acciones colectivas para desafiar a los gobiernos estatal y federal en demanda de justicia por caso como el antes mencionado.

Finalmente, los datos presentados hasta el momento permiten afirmar que la democracia guerrerense después de Ayotzinapa es una democracia fallida, el proyecto político de la Cuarta Transformación se desfondo y en esta entidad federativa las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia tienen serios problemas de funcionamiento debido a los siguientes factores; 1) se encuentran infiltradas por el crimen organizado tanto a nivel federal como estatal y no son eficientes en el desarrollo de la protección de la ciudadanía; 2) los partidos políticos se encuentran también seriamente afectados por la infiltración de miembros del crimen organizado, se observa en este sentido, que uno de los objetivos de los carteles es controlar los gobiernos a nivel municipal ya que ello les permite una mayor impunidad para sus actividades como el cobro de piso, extorsión, secuestros, trata de personas y narcotráfico, además de ordeñar las arcas públicas de los municipios y contar así con ingresos regulares y disponer de la fuerza pública municipal según consideren sus objetivos; 3) se observa un creciente distanciamiento de los sectores de la sociedad civil organizada con el gobierno, los partidos políticos y todos los actores gubernamentales, las acciones colectivas realizadas en Guerrero, han sido muy fuertes y han ocasionado serios daños a los edificios públicos de las instituciones guerrerense y de los partidos políticos, finalmente se puede establecer provisionalmente que el Estado de Guerrero tiene fuertes problemas para proveer a la ciudadanía de bienes públicos cómo la seguridad y garantizar la vigencia de los derechos civiles básicos y de los derechos humanos.